Cómo afectará la revisión del valor catastral en el próximo año

En la actualidad en nuestro país se encuentran catastrados un total de 39.392.008 bienes inmuebles urbanos, sin incluir los territorios forales, cuyo valor catastral suman un total de 2.369.059 millones de euros con un valor catastral medio por inmueble de 60.141€.

Desde comienzos de este año se encuentra publicado el valor de referencia, pero por el momento solo en determinados inmuebles residenciales y rústicos sin construcción con cultivos representativos. Este valor de referencia, que tiene como objetivo luchar contra el fraude fiscal y evitar la litigiosidad que soportaba la indeterminación del anterior “valor real”, parece que no ha sido bien recibido entre los expertos en la materia ya que por mucho que Hacienda insista en que la existencia o no del valor de referencia no tiene relevancia fiscal por sí sola, la realidad es que existiendo el valor de referencia deja de ser aplicable la comprobación de valores. Muchos fiscalistas ajenos al mundo catastral creen que eliminar esta posibilidad genera una gran indefensión al contribuyente. Aunque todavía quedan muchas situaciones por aclarar, la realidad es que ya están publicados los anuncios para la aprobación de los parámetros para calcular los valores de referencia que entrarán en vigor el 1 de enero del próximo año.

En definitiva, el valor de referencia y el valor catastral forman parte de la descripción catastral del inmueble, pero son valores administrativos distintos determinados ligados a procedimientos distintos y que tienen distintos efectos.

¿Cuál es el objetivo del catastro?

Según recoge el nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (LPGE), el Ministerio de Hacienda se ha marcado como uno de los objetivos para el próximo año 2023 la revisión del valor catastral de un total de 825.000 inmuebles en toda España.

Según la aclaración de la Dirección General del Catastro en su página web, la finalidad originaria del catastro es de carácter tributario y persigue facilitar el censo de bienes inmuebles, su titularidad, así como el valor catastral. Éste último es un valor administrativo que corresponde a cada inmueble y que permite determinar la capacidad económica de su titular.

El valor catastral también afecta a otros impuestos cuya gestión corresponde al Estado a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), como en el IRPF, en el que se determina que los inmuebles imputan como renta con carácter general, el 2% sobre el valor catastral del inmueble.

¿Cómo se calcula el valor catastral?

Según el Plan de Objetivos 2022 de la Dirección General del Catastro: “La descripción de los bienes inmuebles y su valoración han de estar permanentemente actualizadas. Esto supone una continua labor de mantenimiento de los datos catastrales. Un Catastro completa y correctamente valorado, es el único que cumple con su misión, y da respuesta a los principios de generalidad y justicia tributaria, recogidos en la Ley”.

Para alcanzar este propósito, la regla general es que la determinación del valor catastral se realiza mediante la aplicación de la correspondiente ponencia de valores. Estas ponencias se deberán elaborar a partir del momento en el que detecten diferencias sustanciales entre los valores catastrales y los valores de mercado, consecuencia de la aprobación, revisión, modificación o desarrollo del planeamiento urbanístico o porque se plasme una alteración del mercado inmobiliario, que dé lugar a una desviación significativa respecto a los valores de mercado. Cabe recalcar que los valores catastrales también pueden verse alterados mediante los coeficientes de actualización publicados en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. El objetivo de estos coeficientes es aproximar los valores catastrales al valor actual de mercado de los bienes inmuebles. Salvo error, el proyecto de Ley ahora publicado no dice nada al respecto, como también sucedió en 2021 y 2022. En el próximo año se verán afectados la totalidad de los valores catastrales de los bienes inmuebles urbanos, pero solo de estos cinco municipios: Zurgena (Almería), Sant LLuis (Baleares), Buenavista de Valdavia (Palencia), Carcaixent (Valencia) y San Pelayo (Valladolid).

Más allá de los citados municipios, Hacienda se encuentra actualmente también realizando trámites en otros municipios para ponencias parciales, que, si bien no afectan a todos los inmuebles de un municipio, a los que les impacte afectará gravemente en su tributación asociada. En este caso, los municipios afectados se encuentran localizados en Cáceres, Huesca, León, La Rioja, Cantabria, Teruel y Zaragoza.

A estas alturas del año en estos procedimientos lo más importante en los municipios afectados mencionados anteriormente es atender las notificaciones por técnicos competentes en catastro y poder estudiar y reclamar dentro del plazo que establece la normativa. Para ello, es crucial la ayuda de un equipo en expertos que estudien para cada caso concreto las nuevas valoraciones y lleven a cabo todas las actuaciones conducentes para conseguir la optimización tanto en el valor catastral como en el valor de referencia.

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